A veces da la sensación de que hay demasiados locos en esta sociedad nuestra. O gentes con muy mala uva que solamente pretenden causar daño a los que no son de su cuerda. Voy a referirme a dos hechos, de plena actualidad ambos. La huelga salvaje en el metro de Madrid y la decisión del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña.
Sobre la huelga en el metro madrileño, lo que más llama la atención es la actitud desafiante y amenazadora de los dirigentes sindicales que la han convocado, la dirigen y hacen lo que les viene en gana, perjudicando a todos los madrileños. Ordenan que no se cumplan los servicios mínimos, los piquetes impiden que éstos funcionen y paralizan toda la red. Esto es una ilegalidad y sus autores y quienes los apoyan han de ser llevados ante la Justicia para que respondan de sus actos delictivos. Nadie impide el derecho a la huelga, que ha de convocarse y desarrollarse de acuerdo con las leyes. Pero lo que no debe consentirse es incumplir la legalidad. ¿Qué pretenden los agitadores sindicalistas (liberados) ordenando incumplir la ley? Ni más ni menos que provocar caos porque el Gobierno de Madrid no es de izquierdas. Así de sencillo. Pues que la ley se cumpla y paguen los delincuentes.
Acerca de la decisión del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, me produce pena la reacción de la mayoría de los dirigentes políticos de esta comunidad autónoma. Sus argumentos rechazando la sentencia del más alto tribunal de España, convocando a los ciudadanos a protestar en la calle, o, en algún caso, amenazando con no acatar la sentencia, es de una irresponsabilidad grave. Se puede estar de acuerdo, o no, con las decisiones judiciales, pero levantar a los ciudadanos contra ellas y amenazar con rupturas es peligroso para todos. Por la misma razón que en el caso anterior, si incumplimos las leyes en unos casos, ¿por qué no siempre que nos apetezca o nos interese? Nadie está por encima de la Constitución y los políticos nacionalistas de Cataluña están en un error cuando argumentan que el Estatuto fue aprobado por el Parlamento de aquella Comunidad, por las Cortes Generales y en referéndum (aunque se olvidan de decir que no votaron la mayoría de los censados) y que nadie puede enmendarlo . Más de una ley aprobada por los parlamentos regionales o el nacional ha sido echada abajo por quien tiene que velar porque se cumpla lo que dice nuestra Carta Magna.
Si todos los ciudadanos hiciéramos lo que nos viniera en gana (conducir como nos apetezca, no pagar los impuestos, etc., etc.) esto sería la selva.
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