HACIA LA LEY DE LA SELVA

A veces da la sensación de que hay demasiados locos en esta sociedad nuestra. O gentes con muy mala uva que solamente pretenden causar daño a los que no son de su cuerda. Voy a referirme a dos hechos, de plena actualidad ambos. La huelga salvaje en el metro de Madrid y la decisión del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña.

Sobre la huelga en el metro madrileño, lo que más llama la atención es la actitud desafiante y amenazadora de los dirigentes sindicales que la han convocado, la dirigen y hacen lo que les viene en gana, perjudicando a todos los madrileños. Ordenan que no se cumplan los servicios mínimos, los piquetes impiden que éstos funcionen y paralizan toda la red. Esto es una ilegalidad y sus autores y quienes los apoyan han de ser llevados ante la Justicia para que respondan de sus actos delictivos. Nadie impide el derecho a la huelga, que ha de convocarse y desarrollarse de acuerdo con las leyes. Pero lo que no debe consentirse es incumplir la legalidad. ¿Qué pretenden los agitadores sindicalistas (liberados) ordenando incumplir la ley? Ni más ni menos que provocar caos porque el Gobierno de Madrid no es de izquierdas. Así de sencillo. Pues que la ley se cumpla y paguen los delincuentes.

Acerca de la decisión del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, me produce pena la reacción de la mayoría de los dirigentes políticos de esta comunidad autónoma. Sus argumentos rechazando la sentencia del más alto tribunal de España, convocando a los ciudadanos a protestar en la calle, o, en algún caso, amenazando con no acatar la sentencia, es de una irresponsabilidad grave. Se puede estar de acuerdo, o no, con las decisiones judiciales, pero levantar a los ciudadanos contra ellas y amenazar con rupturas es peligroso para todos. Por la misma razón que en el caso anterior, si incumplimos las leyes en unos casos, ¿por qué no siempre que nos apetezca o nos interese? Nadie está por encima de la Constitución y los políticos nacionalistas de Cataluña están en un error cuando argumentan que el Estatuto fue aprobado por el Parlamento de aquella Comunidad, por las Cortes Generales y en referéndum (aunque se olvidan de decir que no votaron la mayoría de los censados) y que nadie puede enmendarlo . Más de una ley aprobada por los parlamentos regionales o el nacional ha sido echada abajo por quien tiene que velar porque se cumpla lo que dice nuestra Carta Magna.

Si todos los ciudadanos hiciéramos lo que nos viniera en gana (conducir como nos apetezca, no pagar los impuestos, etc., etc.) esto sería la selva.

LA UCAV QUIERE MÁS TITULACIONES

Se queja la rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Saenz Yubero, de la lentitud de la Junta de Castilla y León en aprobar la implantación de nuevas carreras. Ya sabemos todos que la burocracia en la Administración Pública es mucha, lenta y, en ocasiones, entorpecedora de los proyectos de los administrados. La UCAV es una universidad pequeña pero con proyectos para crecer en titulaciones y alumnos. Este curso que viene implantará los estudios de Enfermería y ya las preinscripciones superan, con creces, las plazas ofertadas. Ha solicitado otras titulaciones que cuentan con demanda estudiantil. El proceso está en trámite, desde hace tiempo, y no avanza porque en el Gobierno regional (o sea, Valladolid) no parece que estén dispuestos a acelerarlo. Sobre los motivos que producen esta lentitud administrativa se habla de que si se hace competencia a la universidad pública (fundamentalmente Salamanca). Esto no es cierto, porque los títulos que se piden no existen en la sección de la Universidad salmantina en la capital abulense. Aunque lo fuere, ¿no estamos en una sociedad libre donde la iniciativa privada tiene el derecho a arriesgar y a crear proyectos que estime convenientes?

Una universidad privada, y la UCAV lo es aunque pertenezca a la Iglesia Católica, tiene derecho a establecer, libremente, su oferta educativa. Solamente ha de estar sometida al cumplimiento de las normas que fija la Administración Pública competente y las autoridades han de velar porque aquéllas se cumplan. Nada más. Pretender ir más lejos, fijando las carreras que han de cursarse en las universidades privadas es propio de sistemas totalitarios. Que lo hagan en los centros públicos, que son suyos y se mantienen con el dinero de todos los administrados, no le da derecho a ningún gobierno a entrometerse en los privados.

Podría entenderse, aunque no justificarse, que unos políticos de izquierda pusieran trabas a una universidad privada. Que lo hagan políticos de derechas no entra en un razonamiento lógico. Las quejas de la rectora de la UCAV me parecen acertadas. Las aplaudo. Dejen los gobernantes regionales de poner impedimentos al desarrollo de la Universidad de Ávila, que tiene todo el derecho del mundo a decidir qué titulaciones desea ofrecer a la sociedad. Y no tengan tanto miedo a que se haga competencia a las universidades públicas.

EL GOBIERNO TOMA EL PELO A LOS ABULENSES

El Gobierno de RZ (abulense consorte, que no se nos olvide, casado canónicamente en el santuario de Sonsoles, aunque ahora se muestre anticlerical como el que más) nos está tomando el pelo a las gentes de esta provincia. Seguro que nos tiene inquina, tal vez porque aquí los socialistas no han ganado ninguna elección en toda la etapa de la democracia actual. Nos quitó, porque le dio la gana, el tren de la alta velocidad ya prometido y publicado (enlace entre Ávila y la provincia de Segovia). Esto no debemos olvidarlo. La ministra de Fomento Magdalena Álvarez fue la autora, con su firma, de este golpe contra todos los abulenses. A la andaluza, que cometió muchos errores en su gestión ministerial y se granjeó antipatías casi en todas partes, con reprobaciones parlamentarias incluidas, le sucedió el Gallego José Blanco. Parecía que cambiaba el talante y que a los de Ávila nos iban a compensar por aquel injusto castigo. Pero, a día de hoy, en el Ministerio de Fomento, que dirige Blanco, nos siguen tomando el pelo a los abulenses. Más o menos como antes. Las promesas no se cumplen, nos mienten una y otra vez y los días y los meses pasan y aquí no se repara el daño causado. Hasta podemos pensar en lo peor: en infraestructuras ferroviarias estamos mucho peor que cuando RZ se instaló en La Moncloa: menos trenes y amenaza de que se sigan suprimiendo servicios no rentables.

El proyecto de altas prestaciones de la línea Madrid, Ávila y Salamanca (prometido hace cuatro años), nada se sabe. A lo mejor ni está encargado y lo que en su día se dijo fueron palabras para engañarnos. De la línea de Alta Velocidad prometida por el propio ministro Blanco en sede parlamentaria, pues más de lo mismo. El ministro llamó al alcalde de nuestra capital para anunciarle que antes de que concluyera mayo vendría a explicar el nuevo proyecto. Un engaño más. Una tomadura de pelo de este Gobierno que, para desgracia de la mayoría, nos toca soportar.

De otra gran promesa, la autovía Ávila-Maqueda (Toledo), qué quieren que les diga. Seguro estoy de que fue un engaño más porque pasarán varios lustros y las obras de esta carretera no habrán comenzado. A no ser que cambie el Gobierno, se vaya a su casa el peor presidente que ha tenido este país, y venga otro que nos devuelva la confianza. Los abulenses poco, o nada, tenemos que agradecer a este presidente nacido en Valladolid, criado en León y casada con una de nuestra provincia.

NO HAY AVE EN EL HORIZONTE

La crisis económica que padecemos (y que tantas veces se negó por el que está encargado de solucionarla) también afectará a los trenes. El Ministerio de Fomento dice, por boca del propio ministro, que hay que pensar en ir reduciendo los servicios que no son rentables. O lo que es lo mismo: se cerrarán las estaciones que no tengan viajeros suficientes para cubrir los gastos, se suprimirán líneas férreas que cuestan dinero al erario público y muchos proyectos que estaban ya en marcha, principalmente de la Alta Velocidad, se quedarán aparcados hasta tiempos mejores.

Los abulenses ya sabemos que la construcción de la línea del AVE duerme el sueño de los justos. De este Gobierno no podemos esperar que cumpla lo que prometió el propio ministro cuando anunció, en sede parlamentaria, que vendría a Ávila a explicarnos la conexión con Segovia. Ha pasado el mes de mayo, se acaba junio, y lo prometido se lo ha llevado el viento. Este Gobierno de RZ es el más mentiroso de la historia reciente de nuestro país. Hoy dice una cosa y al rato, la contraria. Lo más grave es que no se les cae la cara de vergüenza.

Los diputados socialistas en las Cortes de Castilla y León habían presentado una proposición no de ley para pedir al Gobierno de la Nación que se construya la vía de Alta Velocidad entre Ávila y Segovia. La propuesta iba a contar con el respaldo de toda la cámara autonómica. Pero… alguien ha debido llamar a los dirigentes socialistas regionales para ordenarles que no cometan tal locura. Eso es lo que se deduce tras haberse retirado el texto poco antes de ser sometido a votación, el pasado jueves. Esta vez que nos echaban una mano a los abulenses, mira por dónde lo han estropeado desde Madrid, donde se toman las decisiones que en provincias y regiones hay que cumplir a rajatabla. Supongo que algunos procuradores socialistas se muestren enfadados pero parece que en esta democracia a medias resulta rentable no defender las ideas propias sino las de los que mandan.

NO ME GUSTA EL CENTRALISMO DE VALLADOLID

Desde Valladolid, capital impuesta de la Comunidad de Castilla y León, no cejan en su empeño de dar palos contra las cajas de ahorro de Segovia y Ávila porque éstas han decidido no obedecer las órdenes que venían desde la capital del Pisuerga. No entiendo el empeño de los dirigentes regionales del PP y del PSOE, además de otros como los sindicatos, por presentar como una mala decisión lo que en las dos provincias periféricas han decidido, casi por unanimidad, los administradores de las dos cajas de ahorro. Se empeñan aquéllos en descalificar a quienes no respaldan sus dictámenes. Han llegado, incluso, hasta amenazar y algunos tememos que, desde la Junta de Castilla y León, que es la autoridad que tiene que aprobar la entrada de Segovia y Ávila en el SIP de Caja Madrid, Bancaja y otras, se pongan obstáculos para impedir que el acuerdo llegue a buen puerto.

Desde mi punto de vista, se equivocan los dirigentes políticos que hacen oídos sordos a las decisiones que se toman democráticamente en las provincias. Caja de Ávila y Caja Segovia no son ni del PP ni del PSOE, aunque en sus órganos de administración la mayoría de sus miembros sean representantes de instituciones públicas que gobiernan estos partidos. También los hay de otras entidades no políticas: Casa Social Católica, Cáritas y representantes de los empleados, en Ávila, por ejemplo. Han sido 14 votos a favor y 3 en contra (éstos de representantes socialistas) los que han dicho sí a la integración en el SIP de Caja Madrid y Bancaja. ¿Están éstos equivocados y han decidido causar daño a los abulenses? Creo que han obrado como mejor les parece que se beneficia a la provincia. No son mensajeros de Valladolid sino representantes de los intereses de los clientes de Caja Ávila y de nuestra provincia. Esto, que es tan sencillo, deberían respetarlo los que dirigen los dos principales partidos políticos de la región. Esto sería lo democrático. Empecinarse en llevar la contrario a los intereses segovianos y abulenses solamente producirá desafección de Ávila y Segovia hacia la causa regional.

Recuerdo que el proceso autonómico de esta comunidad no fue nada fácil en sus primeros años. Testigo soy de ello. El miedo a que el centralismo vallisoletano fuera peor que el de Madrid, lo que ya sobrevolaba en los ambientes políticos de la época, hizo que Segovia dijera no y que León estuviera a punto de hacer lo mismo. Logroño y Santander, más previsoras, optaron por dar el portazo desde el primer momento. A los segovianos se les impuso por la fuerza de la ley la integración en esta comunidad. Los abulenses, por lealtad, no planteamos problemas reivindicativos y coadyuvaron al proceso autonómico como los que más, aunque saliéramos perdiendo. A nadie se le oculta que la cercanía a Madrid y la presencia de decenas de miles de abulenses en esta comunidad, hace que nuestras relaciones sean más estrechas con ésta que con Valladolid. Por ello, deberían tener más cuidado los centralistas regionales en no apretar las tuercas a estas dos provincias periféricas porque pueden provocar que en ellas surjan movimientos segregacionistas.

NO A LA HUELGA GENERAL

Los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, han decidido convocar huelga general contra el Gobierno de RZ por la reforma laboral. Después del fracaso de la huelga general de los empleados de la función pública, el pasado día 8, amenazan ahora con ir más lejos. Quieren paralizar el país, a finales de verano o principios del otoño, para hacerse oír. Están en contra con todo lo que suponga tocar, aunque sea mínimamente, los derechos de los trabajadores.

No parecen darse cuenta los dirigentes sindicales de que el derecho primero de los trabajadores es el poder tener un puesto de trabajo. La crisis económica que padecemos ya tiene cerca de cinco millones de españoles que, aunque quieran trabajar, no `pueden hacerlo porque no se crea empleo. ¿No es éste el primer problema de nuestra sociedad? ¿No es en él donde deberían emplearse todos los esfuerzos del Gobierno, de los sindicatos, de los empresarios también para intentar resolverlo? Un país con tan elevado número de parados (uno de cada cinco de los españoles en edad de trabajar no encuentran dónde hacerlo) no va más que al precipicio económico y social.

Nunca me gustaron las huelgas y siempre me opuse a ellas. Algún disgusto me costó la primera general (contra Felipe González) pues por ir al trabajo, al salir del despacho me encontré que mi coche tenía pinchadas las cuatros ruedas. Por supuesto que no le di más importancia del enfado momentáneo. Convencido estoy de que algún miembro de los piquetes que forzaban a cerrar las empresas uso su ira antidemocrática contra mí. Una huelga general perjudica a todos. Más en la situación por la que atraviesa España. ¿Qué se va a conseguir? Nada bueno, seguro. Como seguro estoy también de que si no hay piquetes coactivos (no me creo lo de informativos, pues todos estamos suficientemente informados) será un fracaso, como lo ha sido la de los empleados públicos.

Los sindicatos mayoritarios han perdido, para muchos ciudadanos, credibilidad. Ellos tienen parte de culpa en la crisis que padecemos. No han sido capaces de defender a los desempleados y han sido los acólitos de RZ hasta que éste, presionado por los que nos prestan el dinero para poder seguir subsistiendo, ha decidido actuar. Si se les privara de las suculentas subvenciones que reciben de los fondos públicos, veríamos que se comportarían de otra forma.

FRACASÓ LA HUELGA

Los sindicatos convocaron huelga general en las administraciones públicas. Han fracasado en su intento de paralizarla. Pocos son los que han secundado. Los datos más verídicos hablan de que de cada diez empleados públicos solamente uno no acudió a su puesto de trabajo. ¿Qué ha sucedido? El cabreo contra el Gobierno de RZ existe entre funcionarios y contratados porque quien repetidamente prometió que no recortaría derechos sociales ha faltado a su palabra. De buena gana, todos hubieran ido a la huelga, aunque ésta no traiga más que perjuicios a los huelguistas y a los que tienen que soportar sus efectos. Pero han preferido decirles a los sindicatos convocantes, principalmente a UGT y Comisiones Obreras, que no están de acuerdo con ellos. No por la convocatoria de la huelga, sino porque estos sindicatos han demostrado, durante bastante tiempo, que han estado apoyando a RZ y el presidente ha sabido ser generoso con ellos. Menos ahora, que se ha visto obligado a recortar gastos porque se lo han impuesto desde fuera de España. Podía haber recortado de otras partidas, pero ha preferido que sean pensionistas y empleados públicos, entre otros sectores, los primeros en sufrir los errores de su política.

Los sindicatos han perdido credibilidad social. Sus dirigentes viven de las suculentas subvenciones que reciben de las administraciones públicas, no de las cuotas de sus afiliados. ¿Cómo van volverse en contra de quien les da de comer? La huelga que convocaron en las administraciones públicas fue una manera de decir que están defendiendo a los trabajadores. Y uno se pregunta qué han hecho para ayudar a los cerca de cinco millones de ex trabajadores que han perdido su empleo por culpa, principalmente, de la mala gestión gubernamental. Nada, absolutamente nada. Más bien al contrario: han estado cogobernando con RZ que estaba más pendiente de que no le convocaran una huelga general que de resolver los problemas gravísimos en los que este país está metido.

Dicen ahora los dirigentes sindicales fracasados en su intento de paralizar las administraciones públicas que habrá huelga general si RZ impone por decreto reformas laborales que recorten derechos de los trabajadores. A lo mejor se atreven a convocarla, pero lo harán sin hacer mucho ruido, en vacaciones y cuando menos dañe la imagen de quien les da de comer. Será otro fracaso. Porque mientras quienes dirigen UGT y Comisiones no se quiten el ropaje zapateril que les envuelve, no tendrán credibilidad ante la mayoría de los ciudadanos.